Las restricciones a la libertad de reunión en relación con las elecciones en españa y méxico*

ResumenEl texto estudia las disposiciones legales que permiten imponer restricciones a la libertad de reunión, en México y en España. Analiza los criterios y precedentes del Tribunal Constitucional de España, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mexicanos, vinculados con la libertad de reunión durante los procesos electorales. También contrasta la situación del país europeo y el americano con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacando que dicho Tribunal ha establecido un control favorable a los ciudadanos cuando ejercen la libertad de reunión en contextos políticos pero deferente con las decisiones de los Estados si se evalúan injerencias en contextos de extrema violencia como el terrorismo. Finalmente se plantea que las autoridades electorales incurren en una profunda equivocación cuando prohíben reuniones ante la mera sospecha de que durante su celebración puedan realizarse expresiones a favor o en contra de un candidato. Se propone que las autoridades electorales apliquen realmente el principio favor libertatis al decidir sobre las limitaciones a la libertad de reunión.

This article compares and contrasts the laws that restrict freedom of assembly in Mexico and Spain during elections and electoral campaigns. It analyzes the key decisions and precedents of the Constitutional Court of Spain, the Supreme Court of Justice of Mexico and the Electoral Tribunal of Mexico. It also examines the decisions of the European Court of Human Rights with regard to the freedom of assembly, noting that this Court typically defends citizens freedom of assembly in political contexts although it tends to favor States in contexts of extreme violence such as terrorism. The present article argues that electoral authorities are mistaken if they prohibit meetings out of the mere suspicion that during the event, public support may be expressed for or against a candidate. Electoral authorities should enforce the principle of “favor libertatis” when deciding on limitations on freedom of assembly in electoral contexts.