El boicot al derecho de réplica por el Estado mexicano

ResumenDespués de que en 2013 la Reforma Constitucional de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión exigió considerar el derecho de réplica como una garantía ciudadana, el 13 de octubre de 2015 dicho derecho fue reglamentado por el Congreso de la Unión con el apoyo del pri, el pvem y la mayor parte del pan. Sin embargo, al normar tal derecho, el Congreso de la Unión produjo un gran fraude jurídico contra la sociedad, pues la partidocracia impidió que los ciudadanos alcanzaran una verdadera garantía de respuesta ante los recurrentes abusos de los poderes mediáticos sobre ellos. Así, dicha normatividad fue un traje hecho a la medida para defender los intereses monopólicos de las televisoras y de los grandes grupos radiofónicos, y no un instrumento útil para favorecer a la ciudadanía que había esperado casi un siglo para alcanzar tal garantía elemental. Con ello, el Congreso demostró someterse nuevamente a los poderes fácticos del duopolio televisivo y reglamentar viciosamente una garantía constitucional fundamental de los ciudadanos del siglo xxi, como una herramienta para proteger los intereses económicos oligopólicos de los megaconsorcios audiovisuales en el país, y no como un recurso relevante para resguardar las garantías comunicativas básicas de la sociedad.

After that in 2013 the Constitutional Reform of Telecommunications and Broadcasting demanded to consider the right of reply as an individual right; the October 13, 2015 that right was regulated by Congress with the support of the pri, pvem and most of the pan. However, this right to regulate the Congress was a great legal fraud against society, as the ‘party prevented citizens reach a real guarantee of response to the recurrent abuses of media power over them. Thus, this regulation was a suit made to measure to defend the monopoly interests of the television and the big radio groups; and not useful to favor citizens who had waited nearly a century to achieve such elementary guarantee instrument.This Congress demonstrated undergo the powers of the television duopoly again and viciously regulate a fundamental constitutional right of citizens of the xxi century as a tool to protect the economic interests of oligopolistic audiovisual mega corporations in the country, and not as a relevant resource to protect basic communication guarantees of society.